Se difundió la Declaración de Buenos Aires.

Los magistrados participantes del Capítulo Argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana dieron  a conocer su declaración constitutiva

Con la firma del titular de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Carlos Balbín, quien además es coordinador del Capítulo Argentino; junto al presidente del Comité Panamericano, Andrés Gallardo. Junto a ambos, también firmó la camarista de la Sala I del mismo fuero, Fabiana Schafrik; y los magistrados Sebastián Casanello, César Jiménez, Roberto Pompa, Guillermo Treacy; así como también la magistrada, María Claudia Caputi. El 10 de setiembre pasado dieron a conocer el siguiente texto:

«Nos asiste una profunda preocupación por la degradación en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Observamos un pronunciado proceso de polarización social que conlleva a la injusticia estructural.

Advertimos que el sistema económico coadyuva con la pobreza de las personas. El 33,6% los argentinos son pobres y el 6,1% indigente[*].

El Papa Francisco ha dicho en la Carta Encíclica Laudato Si que ‘estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura’ y, en igual sentido, ha advertido sobre ‘la concepción mágica del mercado’.

La situación actual exige que quienes tenemos la enorme responsabilidad de controlar judicialmente el cumplimiento de los derechos humanos adoptemos una postura firme y valiente que limite el avance de las prácticas violatorias. Los derechos humanos y los derechos sociales constituyen los pilares de una sociedad justa y armoniosa y no pueden subordinarse a factores financieros o de mercado, internos o externos.

En este sentido, la defensa del derecho es esencial para la existencia de una democracia plena que ubique a los valores universales por sobre los particularismos.

Consideramos que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales –interdependientes e indivisibles– son plenamente operativos y, por tanto, resultan judicializables.

Hacemos un llamado al Estado para dar estricto cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas en materia de respeto y garantía de los derechos humanos.

Entendemos que no es posible vivir en paz y democracias plenas ante la existencia de procesos en los que se profundiza el descarte de las personas y la destrucción del medio ambiente. Y adherimos a los principios Franciscanos por los que no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia con inequidad.

En este contexto, convocamos a nuestros colegas juezas y jueces argentinos a formar un espacio fraterno y de unión en el convencimiento de la necesidad de asumir un rol consistente con las situaciones que debemos resolver, coordinando esfuerzos y diseñando estrategias a fin de ratificar nuestro compromiso por la dignidad y la paz, así como por los derechos humanos y sociales». IJUDICIAL.

[*] Informe 2018 del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina