Reformas a la Ley de Integridad y Ética Pública. Cuáles son las reglas que establece actualmente?.

Todos los ciudadanos interesados pueden participar, hasta el 12 de Marzo a través del Sistema Trámites a Distancia.

La Ley 25.188 fue sancionada hace 20 años, en un contexto totalmente distinto al actual, su reforma busca necesariamente adaptarla a los nuevos tiempos, fenómenos y tecnologías emergentes, prevenir hechos de corrupción y transparentar el ejercicio de la función pública.

La Oficina Anticorrupción, llama a una elaboración participativa, para el Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública, todos los aportes se podrán presentar hasta el 12 de marzo de este año.

Cualquier persona interesada puede aportar, comentar, y proponer a través del Sistema Trámites a Distancia. Empresas, universidades, organizaciones, académicos y la Sindicatura General de la Nación ya participaron en el borrador.

La ley actualmente establece las reglas de conducta que deben seguir todos los políticos y miembros pertenecientes a la función pública, y convierte en un requisito la presentación de declaraciones juradas patrimoniales para los funcionarios. La ley apunta directamente a todos los funcionarios públicos, es decir toda persona que trabaje en nombre del Estado o en nombre de entidades del Estado, sean pagas, gratuitas, temporales o permanentes.

Se aplica a todas las personas que cumplan con este trabajo, sin importar niveles y jerarquías, y sin importar si fueron elegidas mediante voto o no. Esto significa que empleados del Estado y jueces de la Nación por igual tendrán que cumplir con la ley.

Los funcionarios deberán presentar una declaración jurada patrimonial, que recibe su nombre debido a que, al momento de firmarla, el funcionario jura que la información es verdadera. Dentro de los datos que se tienen que incluir en la declaración, se encuentran los bienes del funcionario. los de su esposa/esposo/conviviente. de sus hijos menores. de sus sociedades, y de bienes en el extranjero. Tiene que indicar además, los inmuebles que el funcionario posea; y todas las reformas que se hayan hecho; los bienes muebles registrables (autos, por ejemplo); bienes muebles con un valor mayor a cinco mil pesos; capital invertido en títulos, acciones, explotaciones personales o de sociedad; montos de depósitos en bancos o entidades financieras (nacionales y extranjeras); tarjetas de crédito y extensiones; tenencias de dinero en pesos y en moneda exterior; créditos y deudas hipotecarias; ingresos y egresos monetarios anuales derivados del trabajo; ingresos y egresos anuales monetarios derivados de rentas; antecedentes laborales; y si el funcionario está registrado en el régimen de impuesto a las ganancias o de bienes personales, deberá presentar la declaración que haya realizado ante la AFIP.

Estas declaraciones deben ser presentadas a los 30 días hábiles que el funcionario asumió su cargo, a los 30 días hábiles que el funcionario dejó su cargo, y todos los años, antes del 31 de diciembre. Se presentan ante la Oficina Anticorrupción, y los funcionarios del Poder Legislativo y el Poder Judicial deberán hacerlo en las localidades indicadas según la indicación de sus respectivos sitios laborales.

Si un funcionario no presenta su declaración jurada en un plazo de 15 días luego de los 30 días hábiles, se considera una falta grave y se le aplicarán ciertas sanciones, como por ejemplo la suspensión de su sueldo. Si el funcionario deja su trabajo sin entregar su declaración jurada, se le prohibirá su participación en el sector público y se tomarán medidas mayores.

Las declaraciones son públicas y pueden ser consultadas por cualquier persona con acceso a Internet, gratuitamente. Algunos datos no podrán ser consultados por su carácter privado, y podrán solo ser vistos por autoridades judiciales y la Oficina Anticorrupción. Estos datos son el nombre de los bancos y las entidades financieras, los números de las cuentas, las declaraciones sobre el impuesto a las ganancias o bienes personales, la ubicación de sus inmuebles, y otros datos más.

La ley también prohíbe a los funcionarios de desempeñar algunas funciones simultáneamente, debido al posible conflicto de intereses que puede llegar a causar. Esto incluye actividades como prestar servicios a funcionarios, actuar como proveedor a cualquier organismo del Estado, y más.


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