El informe de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la ciudad detalla la situación en pleno pico de la pandemia, y no es nada alentadora.

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Personal sanitario sin insumos, barrios librados a su suerte, cierre de paradores, 50 geriátricos infectados y los permitidos para unos y para otros.

Según el último informe difundido por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (APDH CABA) las condiciones en las que la población de CABA se enfrenta al virus, su propagación, contagios y víctimas, y la protección que brinda el Estado local no son nada tranquilizadoras, más bien por el contrario.
El mes de Mayo, inició con un total de 1614 casos totales confirmados y 86 fallecidos desde el comienzo de la pandemia, pero finalizó con una evidente suba en los valores, 9186 casos totales confirmados hospitalizados y 228 fallecidos.

Todo hace suponer que junio en la Ciudad, será el mes donde se consumará el “pico de contagios” denominado así por los expertos desde en un comienzo. Aunque nadie se anima a pronosticar que lo peor aún no llegó.

Las cifras referidas a la situación de los trabajadores y trabajadoras de la salud, reflejan que el 83% del personal que atienden pacientes con Covid-19 no cuenta con los insumos de bioseguridad correspondientes.
Que en el 51% de los hospitales y centros de salud no se aplican los protocolos para el aislamiento de los trabajadores, y en el 50% no hay espacio físico que permita aislar a pacientes sospechosos y en cuanto a la capacitación de los trabajadores se ha efectuado sólo en siete instituciones.
Por otro lado, hay nueve servicios de atención en distintos hospitales que fueron cerrados en medio de la pandemia y cuatro hospitales que están al límite de la ocupación de camas de terapia intensiva.
Los números se dan a través del relevamiento ejecutado por la Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes de CABA sobre 27 de los 33 hospitales porteños y ocho de los Centros de Salud y Acción Comunitaria.
Sólo en tres hospitales –Penna, Muñiz y Durand–se contrató a concurrentes en calidad de suplentes de guardia, mientras que otros cinco los concurrentes son utilizados para atender casos sospechados de Covid-19 en las Unidades Febriles de Urgencia (UFUS).
Como consecuencia “algunos efectores de áreas programáticas debieron trasladar pacientes sospechosos de Covid-19 a hospitales fuera del área correspondiente ante la falta de camas disponibles”, sostiene la APDH.

Desde mediados de mayo, suena una alarma sobre la situación de los hospitales neuropsiquiátricos porteños. Para esa fecha se conoció el primer contagio de Covid-19 en el Hospital Borda, pero por incumplimiento del protocolo de aislamiento de ese primer caso, cinco pacientes, tres enfermeras y dos médicos fueron contagiados.
“Aunque la Justicia ordenó al gobierno porteño que tome medidas urgentes para garantizar la salud de pacientes y trabajadores del Borda, Moyano, Tobar García y Alvear, el abandono ha sido permanente”, sostiene la APDH, quien en sucesivos informes ha denunciado la falta de equipos de protección para el personal y ha interpuesto amparos que resultaron favorables, pero incumplidos por parte de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
“La mayor preocupación de los trabajadores del Borda y del Moyano es la decisión del gobierno porteño de instalar las UFUS para hacer el triage, un testeo para saber si las personas tienen síntomas de Covid-19, como lo hacen en algunos hospitales generales. La diferencia con los neuropsiquiátricos es que estos tienen las características de un geriátrico: pacientes con EPOC, diabetes, enfermedades preexistentes, justamente por el confinamiento añoso de los pacientes que viven allí. No son internaciones transitorias sino que en la mayoría de los casos son casi permanentes”. Agregó.

Con respecto a villas, barrios precarios e inquilinatos: Si tomamos en consideración sólo mayo, cuando se registraron 7061 casos confirmados de Covid-19 (de los 9786 que hubo desde el inicio) en CABA, 4083 fueron habitantes de los barrios populares, donde la tasa de letalidad es de las más altas del país: 2,29%.
Ante la falta de asistencia estatal, los vecinos y vecinas de estos barrios, junto a organizaciones sociales y sectores de la Iglesia, comenzaron la conformación de los comités de crisis. “Fue desde la organización colectiva y desde los comités que se comenzaron a dar las primeras respuestas para asistir y atender las emergencias vecinales. Los protocolos no existían entonces, ni tampoco existen hoy, a 87 días de decretada la pandemia”, sostiene la APDH.
Destaca que desde hace tres semanas, cuando Rodríguez Larreta permitió la llegada de los programas nacionales El barrio cuida a tu barrio y Detectar, comenzó “una articulación más armada, pero costó de forma previa la vida de 49 personas, entre ellos siete referentes de las organizaciones sociales”.
Desde entonces, la curva en los barrios populares se volvió menos pronunciada que en el resto de la ciudad, lo que ha llevado al gobierno porteño a aceptar que los operativos nacionales se realicen en las zonas con mayor cantidad de casos. Los primeros resultados son alarmantes: “sólo en casas del barrio de Balvanera, uno de cada tres vecinos/as están contagiados de COVID-19”, denuncia la APDH.

Para la gente en situación de calle, la Ciudad cuenta con dos paradores que albergan solo hombres (el Parador Retiro y el Parador Bepo Ghezzi); uno que alberga sólo mujeres con hijos o solas (Parador Azucena Villaflor), y dos hogares. Además, están los Centros de Inclusión Social Costanera y La Boca, que permiten alojar hombres con problemas de salud o alguna discapacidad. Asimismo, para niñas, niños y adolescentes en situación de calle hay tres alojamientos transitorios y dos Centros de Día y Noche.
En mayo, sólo en el Parador Retiro, que está ubicado a una cuadra de la Villa 31, se detectaron 79 casos positivos de Covid-19 sobre un total de 92 personas alojadas. El Gobierno de la Ciudad lo cerró. También en el Centro de Inclusión Social Costanera y en La Boca.
Según el protocolo, si se detecta alguien con síntomas de Covid-19, el mismo personal del parador es responsable de aislarlo, colocarle un barbijo y ubicarlo en un lugar con puerta, preferentemente con baño propio para luego llamar al 107. “Pero no hay barbijos, ni alcohol en gel, ni termómetro. Y sólo contaban con dos agentes trabajadores para 200 personas, no había personal de seguridad y compartían un solo vestuario sanitario. Según contó uno de los trabajadores, cuando llamaron al 107 la ambulancia no se presentó en el lugar, le respondieron que los posibles infectados deberían dirigirse al hospital más cercano por sus propios medios”, explica la APDH.

“Una de cada tres muertes por Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires se produjo por contagio dentro de los geriátricos o residencias de larga estadía para Personas Adultas Mayores”, relata el informe del organismo de Derechos Humanos.
Hasta el 14 de junio de 2020 se detectaron 399 personas infectadas en más de 50 geriátricos, lo que representa más del 30% del total de infectados en CABA. Hubo 62 personas fallecidas, lo que significa un índice de letalidad del 25%, unas siete veces más que el promedio para la población que no vive en esas instituciones. Hay registradas 440 de estas residencias en suelo porteño.
“Las condiciones sanitarias de los geriátricos evacuados son malas y en algunos casos pésimas: falta de personal médico y de enfermería, ausencia de equipos de protección personal para los trabajadores de las instituciones e imposibilidad de cumplir el aislamiento por falta de espacio, entre muchas otras falencias –detalla la APDH-. Agrava la situación la lentitud de la respuesta de las autoridades sanitarias de la Ciudad que, en algunos casos, tarda días en llegar, tal como lo denuncian las autoridades de las residencias, fallando en los protocolos y evacuando en muchos casos innecesariamente a los residentes, saturando la capacidad del Sistema de Salud”.

Flexibilización “de clase”: la Asamblea analiza las decisiones de Rodríguez Larreta en el marco de los casos en aumento, y pone su ojo sobre todo en el anuncio del 5 de junio, cuando el jefe de Gobierno permitió la apertura del 80% de las actividades comerciales en la ciudad.
En efecto, la decisión de incrementar la actividad comercial –y luego de permitir salir a correr después de las 20– trajo aparejados mayor tránsito peatonal, del transporte público y de circulación vehicular. Por consiguiente, los primeros días de junio la cifra de casos se incrementó un 10% respecto de los últimos días de mayo.
“El tácito permiso que se da desde el poder a los vecinos de barrios de mayor poder económico social contra aquellos barrios populares o de menor ingreso per cápita, hace ver una doble vara del gobierno de Rodríguez Larreta y deja a las claras una marcada cuestión de clase – plantea el informe-. Desde ya, no somos partidarios en ningún caso del uso de las fuerzas de seguridad del Estado en la resolución de los conflictos; sin embargo, no podemos dejar de señalar que mientras en Recoleta se organizan fiestas electrónicas, tácitamente permitidas, y nadie del GCBA interviene para que se respete el aislamiento, en los barrios populares o en los de menor ingreso per cápita el Estado de la Ciudad se hace presente labrando actas penales e imputando a los trabajadores que salen a buscar el sustento diario porque no se les brinda lo necesario para sostener en condiciones dignas la cuarentena”.

Informe completo aquí