Denuncia penal contra Rodríguez Larreta y Policía de la Ciudad por violencia institucional.

Recoleta love

«Si no hay un freno político a esta situación, tiene que haber una herramienta judicial que los haga responsables» dicen los denunciantes.

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue denunciado penalmente por el delito de «incumplimiento de deberes de funcionario público» por la actuación de un grupo de integrantes de la Policía de la Ciudad en dos episodios, uno ocurrido en Flores y otro en Recoleta, durante los cuales, según la denuncia, incurrieron en el delito de «aplicación de vejámenes y apremios».

La denuncia fue presentada por Daniel Catalano, secretario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Capital), Ramiro Geber, co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Flavio Turné y José Cruz Campagnoli, referentes del Espacio Puebla, que accionaron tras los hechos ocurridos contra un trabajador de la vía pública, en el barrio porteño de Flores, y contra un hombre en situación de calle, en Recoleta. «Hay una serie de prácticas violentas que son un calco y dan cuenta de que hay alguien que da las órdenes», advirtió Geber en diálogo con Página12.

La presentación también responsabiliza al Jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Bernard, y al Ministro porteño de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, por lo sucedido. Además, solicita que se identifique a los efectivos policiales involucrados en los operativos -el 9 de noviembre en el barrio de Recoleta, sobre la avenida Santa Fe al 1740, y el 12 de noviembre en Flores, en la intersección de las calles Avellaneda y Helguera- por considerarlos parte de una «sistemática práctica de violencia institucional» de las fuerzas de seguridad «contra inmigrantes, jóvenes pobres y sectores conómicamente más vulnerables».

El escrito hace referencia a dos videos grabados por ciudadanos que caminaban por la zona, en los que se puede ver el accionar policial. «Hay muchísimos otros casos que existen aunque no los veamos, donde la policía reprime y actúa de manera violenta», afirmó a este diario Catalano, uno de los denunciantes, quien recordó que el 28 de octubre un conjunto de trabajadores en Liniers «fue reprimido sólo por pedir una mesa de diálogo con el gobierno de la Ciudad».

No se trata de hechos aislados
En el documento presentado ante el Ministerio Público Fiscal, los denunciantes mencionaron una serie de acontecimientos para dar cuenta de que «no se trataría de hechos aialados o de integrantes policiales que no entienden cúal es el debido proceder sino que su reiteración y calco procedimentales estarían indicando la probable existencia de órdenes» por parte de las autoridades porteñas. «Si no hay un freno político a esta situación, tiene que haber una herramienta judicial que los haga responsables», advirtió Catalano.

Según datos que surgen del informe sobre violencia institucional que elabora todos los años la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), desde que comenzó a funcionar la Policía de la Ciudad, en 2017, se registraron 68 casos de muertes en manos de efectivos de esta fuerza de seguridad, que cuenta con más de 27 mil policías, lo que significa que hay 1 efectivo cada 107 habitantes. «Estamos pidiendo que se investigue por qué hay una violencia sistemática por parte de la Policía, especialmente con los trabajadores ambulantes. Queremos saber quién da la orden de esta forma de accionar», señaló Geber.

En agosto la misma fuerza de seguridad detuvo a otros tres trabajadores de la vía pública, en el barrio de Once. Días atrás, la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires había presentado una demanda contra el Gobierno de la Ciudad, para que cumpliera con la conformación de un plan de protección integral para la población migrante que trabaja en la economía popular -entre ellos quienes trabajan en la vía pública-, afectados económicamente por el aislamiento preventivo y obligatorio consecuencia de la pandemia del coronavirus.

«Persecuciones, vejaciones y apremios»

«Hay que generar una solución al problema de fondo que es la falta de empleo, y que cese esta persecución permanente y constante«, opinó Catalano y advirtió que «la comunidad senegalesa es la que más viene padeciendo la violencia policial».

Además de solicitar a la Justicia porteña la investigación de los hechos, los referentes políticos y sindicales instaron a través de la denuncia al Jefe de la Policía de la Ciudad a informar acerca de si existen sumarios contra el personal de la fuerza a su cargo «por este indebido proceder».

El artículo 144 bis del Código Penal de la Nación prevé la prisión o reclusión de uno a cinco años para quien «desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales». «Un problema como la falta de trabajo no puede terminar con un policía golpeándote en el piso«, señaló Catalano. «Esperamos que se inicie un proceso y que cese la violencia policial; que la Justicia pueda tener otra percepción de lo que está pasando», agregó.

Página12